Cooke pierde la paciencia: anuncia acciones judiciales contra el Estado de Chile

A fines del año pasado, el Gobierno de Chile y dos importantes salmonicultoras, la canadiense Cooke Aquaculture y AquaChile, suscribieron un acuerdo de relocalización voluntaria, para que en un marco de colaboración público-privada las empresas salieran de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins.

En el caso de Cooke, se acordó con las autoridades poner en el texto el término ‘cerca de’, ya que sus operaciones no se encuentran dentro de parques nacionales o áreas protegidas, pero concurrieron al acuerdo como manifestación de buena fe y espíritu colaborativo, confiando en que los ministros y subsecretarios representaban efectivamente al Estado de Chile.

Sin embargo, la semana pasada, en una decisión que la empresa califica de “inexplicable y completamente infundada”, la SMA solicitó al Tercer Tribunal Ambiental la paralización de la siembra en uno de los principales centros de cultivo para el período 2025, Huillines 3.

Los abogados del estudio Barros & Errázuriz David Cademartori y Martín Gutiérrez, explican que “la empresa llevaba meses trabajando con Subpesca el proceso de siembra, obteniendo todas las autorizaciones necesarias. La SMA al paralizar este proceso de siembra no solamente pasa por alto las autorizaciones regulatorias específicas de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y desconoce su autoridad. Adicionalmente, incumple en forma grave el acuerdo suscrito con dos ministros y dos subsecretarios en representación del Estado de Chile. En la práctica, esta decisión de la SMA significa no considerar los efectos económicos, financieros y de empleo, por una actuación arbitraria, en una región en que la acuicultura es la principal fuente de trabajo”.

También los abogados de Cooke destacaron que “la petición de la SMA y la posterior resolución del Tribunal dejan a la empresa en una completa indefensión, ya que el plazo para otorgar la medida de prohibición de siembra es prácticamente inmediato, mientras que la reclamación por parte del particular puede demorar meses, cuando ya el período de siembra dejó de ser viable y los efectos nocivos para la empresa pueden ser irremediables. Agrava esta situación el hecho que la SMA no consideró información ambiental relevante al Tribunal, ya que en el expediente administrativo está acreditado que no existe afectación ni riesgo alguno al medio ambiente. De hecho, los propios informes técnicos de los asesores que la SMA obligó contratar a la empresa, certificaron que los centros no han causado daño al medio ambiente y, esas mismas personas -de confianza de la SMA-, son las que certifican que el centro de cultivo está funcionando en perfectas condiciones”.

Mientras que el gerente general de Cooke en Chile, Andrés Parodi, anunció que “frente a la desprotección de Cooke ante el Estado de Chile, ejerceremos todas las acciones a nuestra disposición para reparar el enorme daño que la acción estatal pueda generar a nuestra empresa, por lo cual, además de las acciones judiciales, informaremos de la situación al Gobierno de Canadá a través de su embajada en Santiago y evaluaremos una reclamación ante el CIADI por incumplimiento del Estado de Chile a los tratados de protección de inversiones actualmente vigentes entre Chile y Canadá. Esta situación es un nuevo golpe a la confianza que todos buscamos para la inversión extranjera”.

Desde la compañía afirman a Salmonexpert que en todas las relocalizaciones se permite seguir sembrando en los centros hasta que se otorgue efectivamente la relocalización. Cuando eso ocurre, se renuncia a la concesión original y no se siembra más, ya que se continúa luego la producción en el nuevo centro.

“En nuestro caso, el centro Huillines 3, está en proceso de relocalización voluntaria y mientras ésta no se otorgue podemos continuar sembrando allí, ya que cuenta con todos los permisos sectoriales para hacerlo, como lo hemos hecho siempre, desde que Cooke compró Salmones Cupquelán en Chile, el año 2010”, dejaron en claro.

Agregaron en tanto que “por ello hablamos de derechos adquiridos. Justamente por este punto. Tenemos el derecho a seguir operando el centro de cultivo hasta que se otorgue la nueva concesión por parte del Estado. Ese es el principio que está en el acuerdo firmado con las autoridades”.

Igualmente, acerca de la supuesta sobreproducción que se acusaría, dado que el centro tenía una autorización de 50.000 peces a sembrar y la salmonicultora proyectaba 600.000 en total, subrayaron que “esto ilustra la forma en que la SMA “inventa” un criterio, sin coordinación ni con las autoridades sectoriales ni políticas. El centro Huillines 3 es una concesión muy antigua. En ese tiempo, para evitar que empresas o personas pidieran concesiones sólo para para especular y no las utilizaran, se creó el proyecto técnico, que no es otra cosa que la producción mínima que esa concesión debía producir para que el titular pudiera mantenerla. La producción máxima la establece expresamente Subpesca a través de las densidades de cultivo, según la ley aplicable a esta actividad que es la Ley de Pesca”.

“El proyecto técnico de ese centro, validado tanto por las autoridades sectoriales como por el Ministerio de Economía, respaldado con oficios, han decretado que las concesiones sin RCA y con proyecto técnico deben producir un mínimo y no un máximo” pero se determinó “a partir del 2021 el nivel de producción (piezas y toneladas) que aparecía en el proyecto técnico sería un máximo y no un mínimo. Aceptar ese cambio de criterio significaría legislar y cambiar la ley solo con facultades administrativas”.

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