La nueva cooperación entre Sernapesca y Directemar para mayor fiscalización
Chile: El renovado acuerdo tiene una duración de cinco años e incorpora, entre otras cosas, más tecnología junto con las capacitaciones en monitoreo satelital.
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El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, firmaron la renovación del Programa Operativo Conjunto (2023-2027), que se desprende de un memorándum que data de 1997, y que permite optimizar la coordinación operativa de ambas instituciones, según se informó mediante un comunicado de prensa
En todas las regiones del país el trabajo de estos dos servicios es habitual, pues ambos están mandatados a dar cumplimiento a la fiscalización de la Ley General de Pesca y Acuicultura, y a resguardar los acuerdos internacionales que Chile suscribe en materia de combate a la pesca ilegal, conservación de biodiversidad y protección de áreas marinas protegidas.
“La Armada es uno de los principales socios estratégicos. Este programa establece los ámbitos de trabajo, tanto en materia de fiscalización conjunta, como en el intercambio de información y difusión, que se expresa en un trabajo mancomunado de nuestros fiscalizadores y fiscalizadoras con las distintas Gobernaciones Marítimas y Capitanías de Puerto a lo largo del país. Esto es fundamental porque nos permite complementar esfuerzos institucionales para dar cumplimiento a nuestra labor”, sostuvo Fernando Naranjo, director Nacional (S) de Sernapesca.
En tanto, el Contraalmirante Fernando Cabrera, director de la Directemar, relató que “el trabajo en equipo permite logros para el país. Cuando fiscalizamos en zonas de pesca, hacemos monitoreo, control y vigilancia de la actividad pesquera y acuícola, no lo hacemos para beneficio propio, si no por un bien superior que es el mandatado por Ley: cuidar los recursos y la zona económica exclusiva, por ejemplo. Eso requiere coordinación y con Sernapesca, cada año afiatamos más lazos para un trabajo coordinado”.
La renovación de este programa operativo tiene una duración de cinco años y después de ese periodo se revisan e incorporan o reemplazan acciones necesarias. “El programa anterior (2018-2022), consideraba principalmente el trabajo en terreno, y apoyo para zonas riesgosas. Hoy hemos incorporado la cooperación tecnológica, las capacitaciones en monitoreo satelital, la vigilancia de la flota extranjera, fiscalización especial de macroalgas, entre otros”, detalló Fernando Naranjo.
