Rechazo salmonicultor: Gobierno declara inconstitucional suspensión de solicitudes ECMPO

Al Tribunal Constitucional (TC) llevará el Gobierno la indicación que fueron incorporada en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025 para postergar en un año el ingreso de nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO) que afectan a industrias como la salmonicultora.

Se trata de una propuesta que patrocinaron los diputados de RN, Marcia Raphael y Mauro González, la que fue respaldada por mayoría en ambas Cámaras, lo que permitió llevarla al texto final de la Ley de Presupuesto, mediante el artículo N° 48.

El diputado González lamentó el aviso del Ejecutivo “porque esta fue una decisión soberana, que contó con la aprobación de ambas cámaras” y consideró esa apelación al TC como “una práctica antidemocrática”, según Soy Chile.

Argumentó que el Gobierno “debería respetar la decisión del Congreso Nacional y no realizar estas acciones desesperadas para aplicar a toda costa una Ley Lafkenche que está mal hecha y que está generando enormes repercusiones en el ámbito laboral y económico del país”.

González postuló que, tal como se busca acudir al TC, pidió al Gobierno que “también presente una propuesta para mejorar esta ley”, que permite las solicitudes de ECMPO.

Desde el Gobierno comentaron a Salmonexpert, asimismo, que presentarán esta reserva de inconstitucionalidad mediante la Segpres que lidera Álvaro Elizalde -y en conjunto lo harán igualmente parlamentarios del Oficialismo-, ya que la suspensión de los trámites ECMPO no pueden ir en una Ley de Presupuestos que es sólo anual, sino que se debe modificar la normativa específica que es permanente para no generar incertidumbre jurídica.

Previamente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, había dejado en claro que “la Ley de Presupuestos no es una ley ómnibus en la cual uno pueda incorporar cualquier cosa. Si así fuera se prestaría para un nivel de inseguridad jurídica respecto de la legislación que no quisiéramos tener. En ese sentido hay muchas materias que corresponden a legislación permanente que no tiene vinculación con el presupuesto. No todo lo que se legisla, no todo lo que hace el Estado tiene que ver con el presupuesto”.

“Y la lógica de las glosas presupuestarias es regular la ejecución del presupuesto, no es simplemente un vehículo legislativo para cualquier materia que surja, por muy encomiable o meritoria que sea. Por esa razón nosotros vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Tenemos la convicción que se aprobaron glosas que escapan al marco constitucional por vulnerar la iniciativa exclusiva o ir más allá de las ideas matrices de la ley de Presupuestos”, sostuvo el ministro”, expresó Marcel.

Rechazo de la industria

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, afirmó que “el Gobierno está haciendo uso de su facultad y el Tribunal Constitucional deberá resolver. Sin embargo, y pese a que existen varios casos positivos de ECMPO en el país, el procedimiento en la implementación de la Ley no ha cumplido con las expectativas ni con su mandato. Lo que genera incertidumbre y conflictividad. Más allá de la acción específica, este es el tema del que la regulación debe hacerse cargo”.

Marta Oyarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón dio a conocer que es “una mala señal de un Gobierno que dice escuchar a todos los sectores. Luego de 15 años de establecida esta norma, estamos viviendo los efectos de una Ley que transgredió su espíritu para lo que fue creada. Hoy se necesita modificarla y un nuevo ordenamiento territorial para el desarrollo de todos los sectores productivos que hacen uso del borde costero, debido a las incertezas de inversión que van en aumento en la medida que se entregan mayores espacios costeros y que pasan a sobreponerse al trabajo que desarrollan personas de forma particular, pequeños emprendedores , pymes y grandes empresas . Y esto se transforma en afectaciones laborales de baja condiciones y poca dignidad , aumenta la tasa de cesantía y empobrece a las personas.

“Nuestra gobernanza al decir que esto es inconstitucional una vez más está dando señal de que no está mirando las regiones, no está mirando los territorios y no está recogiendo la voz de los ciudadanos. Estamos frente a un Gobierno que no ha sido capaz de construir un diálogo con seriedad para avanzar en regular esta Ley. Un Gobierno que no escucha y que no da respuesta a las necesidades de las personas”, remarcó Oyarzo.

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