Obligan a que se agilicen trámites pendientes de ECMPO que afectan a la salmonicultura

Los diputados Marcia Raphael y Mauro González, presentaron con fecha 13 de noviembre de 2024 una indicación en el marco de la discusión presupuestaria 2025 para suspender la aplicación de la "Ley Lafkenche" durante un año.

Esta propuesta posee dos objetivos legislativos: 1. Que no se inicien nuevas solicitudes de Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) durante un año. 2. Que se agilicen los trámites pendientes a cargo de los servicios públicos con un plazo de seis meses para resolver estas solicitudes. En caso de no resolver en dicho plazo, las solicitudes se entenderán como rechazadas.

Ni la indicación presentada ni el artículo correspondiente explicitan qué servicios son aquellos que deben resolver en el período temporal señalado, ni tampoco qué solicitudes se entenderán rechazadas. En ese sentido, los organismos públicos a los cuales debiese aplicarse este plazo son: • Subsecretaría para las Fuerzas Armadas. • Subpesca. • Conadi. • Comisión Regional del Uso del Borde Costero correspondiente.

Asimismo, según la Consultora Borde Costero, las solicitudes que se entenderán rechazadas, debiesen ser las ECMPO actualmente en curso, independiente del organismo y etapa administrativa en la cual se encuentren. El objetivo es generar un período de revisión para corregir problemas detectados, como demoras en los trámites, conflictos entre comunidades indígenas y otros sectores productivos como la salmonicultura y el uso desproporcionado de solicitudes que, en algunos casos, han generado grandes tensiones y la absoluta paralización de proyectos económicos, culturales, turísticos e inclusive, estatales.

Y adicionalmente, busca destinar recursos para el mejoramiento de áreas en que los servicios públicos se vean deficitarios, tanto del punto de vista económico como de recursos humanos. El 15 de noviembre, se aprobó en la Sala de la Cámara de Diputados la indicación y el pasado jueves 21 de noviembre, el pleno del Senado la ratificó, suprimiendo la indicación del Ejecutivo, la cual pretendía eliminar este artículo.

“Esta pausa permitiría fortalecer la gestión de los procesos, entregar mayor certeza a todas las partes involucradas y mejorar la relación entre el desarrollo del borde costero y los derechos de los actores preponderantes, promoviendo una administración más ágil y equilibrada. Asimismo, se han manifestado sendas críticas a la estrategia de utilizar la vía presupuestaria (Ley de Presupuestos) para proponer modificaciones al contenido de leyes vigentes. Esta técnica legislativa ha sido consistentemente comentada en sentido negativo por el Tribunal Constitucional”, manifestó el abogado Patricio Flores, director de la consultora Borde Costero.

Indicó además que esta eventual modificación de ley, necesitaría la implementación de la denominada "Consulta Indígena" regulada en el Convenio 169 de la OIT, “por lo que pareciera que no es un tema para nada acabado, pese a ser introducida por medio del Congreso Nacional. A raíz de lo anterior, los Senadores Francisco Huenchumilla (DC) y Claudia Pascual (PC) presentarían una reserva de constitucionalidad”.

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