“No hemos sido suficientemente efectivos y hábiles para comunicar beneficios de la industria”

Fernando Villarroel, CEO de Mowi Chile.

El CEO de Mowi Chile, Fernando Villarroel, espera que el Gobierno no acoja visiones extremas como "Áreas Protegidas Sin Salmoneras" para sumarlas a la nueva Ley Acuícola.

Para Fernando Villarroel, CEO de Mowi en el país, la industria del salmón “es y será el motor económico del sur de Chile”. En entrevista con El Mercurio, reveló los avances y los desafíos del sector productivo.

¿Qué grandes desafíos, obstáculos y riesgos enfrenta hoy la industria?

Un desafío importante es la percepción en términos de desempeño ambiental. Uno de los grandes retos que tenemos es lograr que la salmonicultura se transforme en un orgullo nacional. A nivel internacional, el salmón es catalogado como la proteína del futuro y eso acá no se destaca ni se reconoce lo suficiente.

¿Por qué no han logrado sacudirse el cartel de “bajo cumplimiento ambiental”, desde la crisis del virus ISA, en 2007?

No hemos sido lo suficientemente efectivos y hábiles para comunicar adecuadamente los beneficios de la industria, transmitir su importancia en el encadenamiento productivo en el sur del país, y los avances en desarrollo tecnológico, cuidado medioambiental y estándares internacionales.

Hace unas semanas, una publicación del Washington Post alertó sobre lo poco amigable con el medio ambiente del salmón chileno. ¿Es injusto?

Existe un gran desconocimiento y desinformación sobre los importantes avances que ha tenido la industria chilena en las últimas dos décadas, aunque más intensamente en los últimos 10 años, para producir de manera sustentable. Uno de los problemas es cómo mostramos y difundimos nuestra industria. Estamos convencidos de que es posible conciliar la producción con la conservación y protección ambiental. Más aún, la industria sigue haciendo esfuerzos muy relevantes para mejorar sus procesos.

¿Y comparado con Noruega, cómo está Chile?

Más de la mitad de mi carrera la he desarrollado en el extranjero. Se tiende mucho a comparar Chile con Noruega, y puedo asegurar que en términos de prácticas productivas, tecnología y estándares de sustentabilidad, no hay diferencias. En el caso nuestro, que somos una empresa global, aplicamos políticas globales y hacemos bajadas locales, lo que nos asegura un alto nivel y comparable con otros países. Si uno va a Noruega, Escocia o Canadá, lo que cambia es la forma de la jaula, porque acá usamos jaulas metálicas cuadradas, los otros países utilizan jaulas redondas de plástico, pero la forma cómo se alimentan, las prácticas de cultivo y los estándares, son los mismos.

Se critica el uso excesivo de antibióticos en Chile.

En Noruega, la causa principal de infección o de mortalidad es viral, para lo cual el antibiótico no funciona. En Chile, es una bacteria intracelular, y ha sido bastante complejo crear una vacuna efectiva que nos permita eliminar el uso de antibióticos. Además, los procesos para registro de vacunas son muy largos y demoran, en promedio, seis o siete años; hoy estamos como industria probando una nueva vacuna, pero es un proceso bastante largo.

El indicador de bienestar animal de Chile es mejor que el de Noruega, pero sin duda el uso de antibióticos es algo que nos preocupa y ocupa, y estamos trabajando fuerte como industria y como empresa.

Acá también ha habido casos de sobreproducción.

La regulación funciona diferente. En Chile tenemos un máximo de producción del ciclo completo; en Noruega tienen un máximo de biomasa permitido en un momento en el tiempo, y allá es más fácil detectar que llegas al tope, porque vas viendo que tu biomasa se va acercando al límite. Acá es más rígido y hay un porcentaje no menor de error estadístico de conteo.

¿La industria aprendió de los errores? ¿El virus ISA fue un punto de inflexión?

Por supuesto, hoy es otra industria, completamente diferente a la que fue pre-ISA. La autorregulación ha funcionado bastante bien, pero además, la industria se ha ido adaptando a los requerimientos globales. Este rubro se ha mantenido constantemente innovando, implementando nuevas tecnologías en el ciclo completo del salmón; ha aumentado la certificación internacional, la misma que aplican en Noruega, Escocia, lo que permite certificar los avances en materias ambiental, laboral y social.

¿El Gobierno comprende la importancia de la industria salmonicultora? Es crítico del sector.

Sí, lo ha sido, pero hemos logrado algo bastante importante en el último año, que es el apoyo de diferentes sectores y de las comunidades de la zona sur. Ellos entienden el impacto y la relevancia de la industria, lo que no ocurría hace cinco o 10 años. Y eso ha ayudado a cambiar la percepción del Gobierno, no en un 100% respecto del fundamento proteccionista que declararon al principio, pero sí nos ha ayudado de alguna manera a balancear esa posición. (El Gobierno) se ha ido moderando, dando cuenta de a poco de la relevancia de la industria para la población local.

¿Falta?

Claro que sí. Por ejemplo, hoy existe el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, una iniciativa global de la cual Chile es parte. Y este panel tiene como objetivo principal promover un futuro próspero para las personas. Y ahí la acuicultura juega un rol fundamental, pero a veces es un poco incongruente que nuestras autoridades estén enfocadas únicamente en la conservación, porque este panel resalta muy claramente que la protección efectiva de los océanos va de la mano con la producción sostenible, para dar prosperidad y beneficio a las personas y a la economía.

Esa percepción de la autoridad ¿qué señal entrega al inversionista?

Desde el punto de vista del inversionista extranjero, hay una percepción de que el Gobierno no está a favor de la industria. Y es un desafío para nosotros en términos de desarrollo. En inversiones grandes, va a ser más difícil poder obtener un apoyo irrestricto de parte del inversionista.

¿Afecta la certeza jurídica?

Sin duda. Otro gran desafío que tenemos es el deterioro de la certeza jurídica para la inversión. Más allá del punto de vista legal, en el inversionista existe la percepción de falta de certeza jurídica. Ha habido una visión no tan positiva por parte de las autoridades respecto de la industria, hartos mensajes que han sido poco favorables. Cuando ve a Chile, el inversionista tiene cierto temor, y no solo para la industria acuícola, sino para la inversión extranjera en general. Y estas industrias, que son muy intensas en capital de trabajo, si quieren desarrollarse necesitan inversión extranjera.

¿Y la regulación cómo está?

La regulación tiene sus pros y contras. Ha sido capaz de mantener una situación sanitaria estable, pero es bastante estricta y limita el crecimiento.

¿Hay sobrerregulación?

Efectivamente hay una sobrerregulación, hay muchos actores y organismos que participan de la regulación, lo que es complejo, porque no tienen los mismos tiempos ni prioridades. Y produce un nivel de desincentivo para la inversión extranjera. Si no eres capaz de explicar la regulación de manera simple, cómo funciona, el inversionista extranjero se desincentiva, y eso ha sido lo más complejo. El tener una regulación compleja, difícil de entender, no ha incentivado la inversión extranjera como debiera.

¿Hay preocupación desde la matriz?

Siempre hay una preocupación, siempre nos preguntan y tratamos de explicarlo de la mejor manera posible y tratando de dar cierta certeza.

¿Chile ha perdido competitividad?

Todas estas cosas restan competitividad. Chile tiene una desventaja, que es la distancia del principal mercado. Noruega puede llegar en camión a su principal mercado, que es Europa, nosotros tenemos que llegar en avión para todos los productos frescos; en productos congelados estamos en igualdad de condiciones, pero hoy el consumo de salmón es principalmente fresco. Hace 10 años, en Chile teníamos una ventaja competitiva comparado con Noruega. La perdimos y hoy producimos al mismo costo, por lo que su retorno es mucho mayor.

Es una desventaja en términos de inversión, porque los destinos compiten entre sí y el inversionista tiene que decidir, y hoy Noruega, Escocia u otros países tienen mejores márgenes. En Chile, nosotros tenemos los costos más eficientes de la industria, pero cuando nos comparamos con nuestros pares de afuera, tenemos una desventaja.

El sector ha sido crítico de la Ley Lafkenche, ¿es una amenaza?

Es una amenaza futura y un riesgo para todas las actividades que participan del borde costero. El espíritu de la ley, de resguardar las tradiciones de los pueblos originarios, es loable. La mayoría de los países donde operamos tienen regulaciones similares, pero acá se ha transformado en un problema, porque no toma en cuenta la visión y los planes de otros usuarios del borde costero, como la pesca artesanal, turismo, industria portuaria y acuícola. Está teniendo un impacto que no era el objeto de la ley, porque el reglamento no ha sido lo suficientemente bueno ni claro, y probablemente también ha habido un mal uso de la ley.

¿Hay voluntad política para abordar esa problemática?

No sé si a nivel de Gobierno, pero creo que se han dado cuenta de que la ley no está cumpliendo el objetivo para el que fue creada y está teniendo un impacto negativo no deseado.

La nueva ley de acuicultura está en fase de participación ciudadana y la campaña Áreas Protegidas sin Salmoneras plantea reordenar por completo la industria. ¿Qué le parece?

Asusta, pero es parte de una campaña que existe hace años de las ONG ambientalistas en contra de la industria y de otras actividades productivas. Es un ambientalismo extremo, porque una cosa es promover la protección ambiental y otra muy distinta es oponerse a toda actividad productiva.

¿Espera que esa posición no sea recogida en el nuevo proyecto?

Espero que no, pero las ONG han tenido una influencia importante en este Gobierno. Y puede ocurrir lo que ha pasado con la Ley de Pesca, que propuso una visión no compartida con la pesca artesanal y hoy están con 200 o 300 indicaciones, sin ningún acuerdo para llegar a una ley consensuada. Puede ocurrir lo mismo con la nueva ley de acuicultura y sería un error estratégico muy grande del Gobierno.