Greenpeace multada por difamación: salmonicultores acusan que hizo lo mismo en Chile

Hace algunos días, la ONG Greenpeace fue condenada en Estados Unidos a pagar más de US$600 millones. Esto tras ser declarada responsable de difamación y conspiración en el caso del oleoducto Dakota Access, de la empresa Energy Transfer Partners, que ocurrió hace casi una década.

En concreto, un jurado de Dakota del Norte determinó que la organización ecologista interfirió en los negocios de la firma, que la acusó de daños económicos por la publicidad negativa generada en su contra, según publicó Emol.

Así las cosas, en lo medular del proceso judicial contra la ONG, estuvieron las protestas que se desencadenaron los años 2016 y 2017 contra el proyecto Dakota Acces. El caso ha suscitado comentarios alrededor del mundo.

Y ha abierto una serie de dudas. Una de ellas: ¿Podría ocurrir algo parecido en Chile si una empresa inicia un proceso judicial contra una ONG, por ejemplo, por difamación? Ello dado que en industrias como la salmonicultura, ha judicializado a muchas compañías, las que están acusando presuntas mentiras y errores de la organización.

Frente a esto, Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, comentó a Salmonexpert que Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas han sido activos opositores de la salmonicultura. “Hace un par de años, la misma organización difamó activamente nuestra industria en Magallanes a través de un video lleno de impresiones e incluso mentiras”.

Odebret recordó que “fue el mismo director de Greenpeace que dijo en el senado: Garantizo que puedo agregar unos 2 mil días a cualquier proceso de evaluación ambiental que no cumpla con requerimientos de contaminación”.

La ONG Fima, según Carlos Odebret, sigue el mismo derrotero: judicializar, trabar, aplazar, impedir. “Estas medidas no sólo afectan a empresas nacionales y extranjeras, sino que puede explicar las causas del estancamiento, la falta de trabajo para quienes tienen muchas necesidades. Espero que esta sentencia invite a repensar las políticas de las ONG, no es gratis dejar a la gente sin oportunidades”.

Carlos Martínez, cientista político y especialista en ambientalismo, expresó que así como hay obligación para las empresas reparar daños ambientales, o a la honra, “también debiera sancionarse a quienes hacen campañas artificiales, afectando fuentes de trabajo y el desarrollo de una industria como la del salmón, con una actitud obstruccionista permanente”.

“Falta transparencia de las ONG, sobre su financiamiento, quién lo otorga, el objetivo, para evitar las suspicacias, por ejemplo, si es que la competencia de una industria está colocando dinero en campañas contrarias”, sostuvo Martínez.

Catalina Rojas, abogada especialista en litigios de Moraga&Cia, indicó que "si la demanda por daños y perjuicios entre Energy Transfer Partners y Greenpeace se hubiese tramitado en Chile, podría haber culminado con una sentencia favorable, siempre y cuando el demandante acredite en juicio que, producto de las protestas en contra de la construcción de su proyecto, sufrió un daño real y efectivo en su patrimonio".

"Este daño podría manifestarse como una pérdida real o efectiva de sus bienes, o el hecho de dejar de ganar dinero, en la medida que pueda ser certeramente cuantificable. La indemnización también podría ser concedida al probar que la publicidad negativa y el menoscabo a su imagen corporativa se derivó de la actuación de los manifestantes causó pérdidas económicas", profundizó Rojas.

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