Proponen modificaciones al SEIA para mayor participación ciudadana
Chile: ONG Fima Chile recalcó el papel preponderante que deben tener las comunidades y los territorios cuando un proyecto está siendo analizado por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
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Ayer, la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales realizó una sesión con el fin de conocer la opinión de diferentes entidades gremiales en relación con el proceso de evaluación ambiental de proyectos o actividades del sector que representan. Lo anterior, con el fin de avanzar en la discusión de modificaciones al Sistema de Evaluación Ambiental.
A esta sesión asistieron parlamentarios de la Comisión y fueron invitados a exponer Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG Fima Chile; Paulina Riquelme, presidenta de la comisión de desarrollo sustentable y cambio climático de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Jorge Cáceres, director ejecutivo del Centro de Medio Ambiente y Energía de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero y Carlos Urenda, gerente general de la misma organización.
En su presentación, el director ejecutivo de la ONG Fima Chile se refirió a elementos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y a la Ley 19.300, que a su juicio debieran ser abordados en el corto plazo, pues se han observado otras discusiones públicas que se han suscitado respecto de la normativa ambiental.
“Sobre los problemas que tiene el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental actualmente, es importante recalcar que es un sistema que no le ha dado a las personas en las comunidades una certeza sobre la manera en que se van a poder desarrollar sus vidas y que existe una permanente presión por entregarle más certezas a los inversionistas y los proyectos que modifican los territorios, restándole certezas a las personas que habitan estos territorios. Acá vemos siempre un problema donde consideramos se debe intentar establecer un equilibrio de las certezas de ambas partes”, argumentó Costa.
A su juicio, lo anterior, se ha visto reflejado en notas de prensa, donde queda de manifiesto la molestia con el SEIA y el hecho de que esta institución rechace algunos proyectos. “Es bastante llamativo ese ánimo de molestia, porque en la realidad el SEIA rechaza muy pocos proyectos, a pesar de las deficiencias técnicas que muchos de estos proyectos tienen. Incluso ahora, que se le acusa de rechazar más proyectos de lo normal. “No me parece razonable tener un sistema que rechace muchos proyectos, sino más bien me parece razonable tener un sistema que acoja los proyectos que cumplan efectivamente con la normativa ambiental, y por lo tanto el SEIA tuviera un procedimiento más eficiente, pero que fuera una eficiencia dada por la calidad de los proyectos”, manifestó Costa.
Según lo expresado por el director ejecutivo de ONG Fima Chile, es muy importante considerar, dentro de las reformas que quieren aplicarse al SEIA, que los estudios y declaraciones de impacto ambiental (DIA) no debieran ser contratados directamente por las empresas que llevarán a cabo los proyectos, sino que debieran ser licitados a consultoras que cumplan con ciertos estándares que sean estipulados por el propios sistema.
“Lo anterior, daría una mayor fe pública que aquella información que se está entregando al Estado por parte de los ejecutores de los proyectos, es real. Además, mejoraría las posibilidades de los proyectos de ser aprobados porque no tendrían el filtro de modificaciones que se realiza desde los titulares, y podría generar ciertas bases para todos los proyectos, es decir, líneas de bases estatales, cuestión que sería posible de hacer si es que los estudios y los DIA se unificaran en un solo sistema”, detalló Costa.
Confianza
“La confianza en el SEIA es muy baja, desde todos los sectores. Desde el punto de vista de las comunidades y los territorios, el sistema está totalmente cooptado por las grandes empresas, mientras que desde el punto de vista de las grandes empresas, el sistema está atrapado por el sector político. Y desde la mirada del sector político, el SEIA tiene serias dificultades para resolver los conflictos socioambientales”, aseveró el representante de la ONG Fima Chile.
Otro punto es discusión, según Ezio Costa, dice relación con los plazos del SEIA. “En general estos se cumplen, pero que hay una importante demora posterior que tiene que ver con los procesos administrativos y judiciales. Es por ello que es necesario unificar estos procedimientos, que no haya duplicidad de reclamaciones administrativas y que no existan reclamaciones e invalidaciones en paralelo con plazos inciertos para todos los actores. Creemos que hay espacios de mejora en términos de tiempos para todas las partes, que son muy evidentes”.
Costa advirtió que en lo que podría haber problemas en cuanto a las reformas al SEIA, es que se intente generar mayor beneficio para los titulares de proyectos mediante la limitación o eliminación de derechos de las personas. “Por ejemplo, limitando las vías recursivas, la de participación ciudadana o eliminando ciertas causales de reclamación. Esto nos parece altamente inapropiado porque lo hemos visto en propuestas anteriores y el lenguaje con el que se trata a la regulación ambiental, muchas veces en la prensa, la muestra como un problema para un bien superior que sería una inversión acelerada. Pero es todo lo contrario. La protección ambiental es algo positivo para la sociedad que se ve entorpecida por las ganas de invertir en proyectos que no son sustentables”.
Finalmente, el director ejecutivo de ONG Fima Chile manifestó que han visto, con cierta preocupación la idea de crear una vía especial para que los grandes proyectos de algunos sectores productivos, se vean favorecidos en el SEIA y se aprueben con rapidez. “Creemos que si esto se llega concretar, debe ser por vía legislativa, no administrativa. Y si se hace a través de la ley un formato de procedimiento distintos para algún tipo de proyecto, debe ser en la discusión legislativa donde se resguarde que ese formato sea protector de los derechos de las personas, y tenga alguna razonabilidad. Incluso, la división entre estudios de impacto ambiental (EIA) y declaración de impacto ambiental (DIA) es poco razonable. Por ello, estamos convencidos que la Ley 19.300 requiere de una modificación, cuyas bases han sido discutidas profundamente por todos los actores en diversos gobiernos. Y esa modificación debe apuntar a mejorar las posibilidades de acceso a la información, participación y justicia de las personas en línea con el Acuerdo de Escazú, y tener cuidad de realizar modificaciones que mejoren las posibilidades de inversión, cuando estas vayan en contra de la cohesión social, que es lo que debiéramos estar resguardando”.
