Salmonicultores de Magallanes cuestionan recientes acciones de ONG Fima

Durante estos días, la ONG Fima está invitando a funcionarios públicos de Magallanes a un curso gratuito de “Derecho de gestión y política ambiental”. Aunque el objetivo es positivo, para el presidente de los salmonicultores en la región, Carlos Odebret, existen puntos de alarma.

En una carta al director, advirtió que “lo contraproducente es que el curso sea dictado por los abogados de una ONG que ha enfrentado al Estado, judicializando decenas de Resoluciones de Calificación Ambiental (entre ellas salmonicultoras)”. Ello, por vía judicial y administrativa, en las que los funcionarios públicos deben resolver sus reclamos.

Sólo entre 2020 y 2022, ONG Fima llevó a los tribunales 14 proyectos que involucraban una inversión de 352 millones de dólares en la Región de Magallanes, y la creación de numerosos puestos de trabajo.

Luego de la polémica por la cuestionada contratación directa que realizó la Municipalidad de Ñuñoa a esta ONG, según Odebret, es razonable la pregunta: ¿Por qué Fima insiste en el sector público? “Mirando el aviso, el curso es financiado por la Fundación Heinrich Böll Stiftung, fundación política sin ánimo de lucro, cercana al partido alemán Alianza 90/Los Verdes, dice en su página web. La misma que ha financiado programas para promover la autodeterminación mapuche en Chile”.

Al igual que las empresas, recalca Odebret, “Fima tiene legítimos intereses en su giro como ONG, por ello resulta a lo menos cuestionable que funcionarios de las organizaciones del Estado que participan en la evaluación ambiental de proyectos de inversión o que analizan otros prospectos relevantes desde la perspectiva ambiental, sean capacitados en horario laboral por una parte interesada financiada por una organización política internacional”.

En entrevista con Salmonexpert, Odebret indica que la relación público - privada es muy importante para el desarrollo de políticas públicas. Sin embargo, al igual que otros actores, las ONG son una parte interesada en su relación con el Estado. Por ello, resulta esencial que su accionar se ajuste a la ley del lobby.

“Desde mi perspectiva, la multiplicidad de convenios, acuerdos marco y en este caso capacitaciones de las ONG’s con el Estado debe ser analizado porque el riesgo de intervencionismo es muy alto. Por ejemplo, Fima no sólo ha realizado capacitaciones a autoridades públicas, también lo ha hecho en el Poder Judicial. Esto es muy cuestionable porque el rol de Fima es judicializar proyectos de inversión”, acusa Odebret.

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