Trabajadores del salmón acusan que Universidad Austral restringe la participación sindical

Las organizaciones exigieron al Gobierno que, en el desarrollo de una propuesta para Ley de Acuicultura, no participen las ONG que se han mostrado contra la industria.

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Los trabajadores del salmón, entre las Regiones del Biobío a Magallanes, entregaron al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, un documento con seis puntos -día en que participó en la feria ESA Magallanes de Salmonexpert-, para que la ley que regirá a la industria, sea desarrollada objetivamente.

Uno de los planteamientos indica que durante el proceso y convocatoria a los talleres de levantamiento para propuestas de futura Ley de Acuicultura, “solicitamos que se definan las garantías necesarias para asegurar un proceso transparente ético, constructivo y participativo. Es vital que se incluyan todos los actores involucrados en la cadena de valor de la industria salmonicultora, como organizaciones sindicales de trabajadores con presencia nacional, organizaciones territoriales, vecinales, sociales, gremios, armadores, entre otros, de las seis regiones donde opera el rubro”.

Luego, acusaron que “nos parece grave que la Universidad Austral de Chile limite la participación de organizaciones sindicales mediante cupos restringidos de inscripción a las jornadas de levantamiento de información y opinión, algo que no vamos a permitir, sabiendo que esta entidad en procesos anteriores a trabajado bajo la influencia de las organizaciones medioambientales (PEW) y recibido financiamiento directo de éstas, para ejecutar estudios y políticas públicas, como la creación de los planes de manejo en la reserva nacional Kawésqar que sólo han contribuido a disminuir la actividad productiva en la Región de Magallanes y de paso afectar el empleo de los trabajadores, Pymes y servicios, generando cesantía”.

Asimismo, manifestaron en el escrito que necesitan que el Gobierno resuelva los problemas actuales del sector tales como la Ley Lafkenche, que sigue frenando actividades productivas que se desarrollan en el borde costero, al igual que los planes de manejo por SBAP.

También pidieron la definición de nuevas áreas aptas para la acuicultura, que permita a la industria del salmón relocalizarse. “Todas las restricciones que tienen al sector estancado, generando sólo faltas de confianzas. Los trabajadores nos preguntamos, cómo confiar en un nuevo proceso regulatorio, si nuestra gobernanza, no ha sido capaz de resolver los temas pendientes y menos cumplir con lo ofrecido el 29 de mayo 2023 en reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y organizaciones de trabajadores, donde se nos prometió que estaríamos participando en la confección de los planes de manejo, compromiso que nunca cumplieron”.

“Demandamos que se establezcan reglas claras en la futura legislación que garanticen el crecimiento de la industria y la protección laboral de los trabajadores. Es imperativo que se garantice un proceso abierto que no limite la participación de trabajadores, gremios, empresas y productores. Exigimos que se escuche a quienes estamos directamente involucrados y que se establezca un mecanismo confiable tanto en proceso participativo como legislativo”.

Solicitaron además que el Gobierno se comprometa “a que las ONGs no participen ni intervengan en las discusiones del proceso de levantamiento de propuestas ni en la discusión del proceso legislativo, así como también creemos de vital importancia que se garantice que lo discutido en los talleres se reflejes en las actas finales”.

En la base de los pilares que se fijaron para la Ley Acuícola, advirtieron, “ninguno se enfoca en el bienestar de las personas, en el bienestar social y laboral, nosotros entendemos que las leyes deben ser vinculante con las personas nuestra gobernanza y el Estado tiene la obligatoriedad de cumplir con generar políticas públicas que amparen a las personas en derecho, dignidad y protección, siendo el derecho al trabajo, un principio fundamental que tenemos los trabajadores y trabajadoras de libre elección con el fin de subvenir nuestras necesidades y la de nuestras familias. Derecho que no está contemplado en el documento”.