Surgen dudas sobre presentación de Ley Larga Acuícola y expertos entregan recomendaciones

Durante el segundo semestre del 2024, Subpesca abrió un proceso de participación, para recibir comentarios en relación a la elaboración de una nueva Ley de Acuicultura. Para ello se gestionaron talleres territoriales y una plataforma web para participar con propuestas.

Recientemente, en una publicación, Acuiestudios reveló que en el marco de la Comisión Nacional de Acuicultura, el subsecretario Julio Salas habría descartado una Ley Larga Acuícola.

En su misión de contribuir a una acuicultura interdisciplinaria, el Centro Incar llevó a cabo una discusión y análisis interno liderado por las Investigadoras del Programa Integrativo del Centro, Dra. Jessica Fuentes y Dra. Doris Soto, y publicaron un documento con una serie de recomendaciones para aportar al proceso de creación de una nueva Ley desde la ciencia y el conocimiento, y que de hecho fue subido a la plataforma de Subpesca en su debido tiempo.

Para elaborar este informe, las expertas se basaron en los Policy Brief del mismo Centro, la herramienta Alart de FAO y el cuestionario FAO sobre cumplimiento del Código de Conducta Responsable para la Pesca en su artículo 9º relativo a la acuicultura, las recientes directrices de FAO para una acuicultura sostenible, así como otros artículos relevantes disponibles en la literatura científica.

Antes de crear una Ley

Primeramente, a modo general, el documento discute y da recomendaciones de cómo debería ser el proceso de elaboración de una nueva Ley de Acuicultura, los cuáles se abarcan en 11 puntos.

Como ejemplo, el primer punto hace referencia a que habría sido recomendable contar con una Política Nacional de Acuicultura, que generara los pilares del futuro de esta actividad, de modo de orientar los procesos de toma de decisiones que se derivaran en torno a los ejes estratégicos que se hubiesen definido, entre ellos, la elaboración de una nueva ley. De hecho, el Código de Conducta para la pesca Responsable de FAO promueve la formulación y actualización de planes y estrategias para la acuicultura.

“Se estima que toda nueva regulación requiere partir de la base de un diagnóstico actualizado de la actividad y su regulación, principalmente acerca del impacto de esta última, sus aspectos positivos y negativos, como inconsistencias y omisiones, de modo de proyectar los requisitos que debiera cumplir una nueva regulación para que sea el cauce a través del cual sea posible cumplir los objetivos que se diseñen para la actividad en los próximos 20 o 30 años. Al respecto sería necesario incorporar en el diagnóstico un estado de situación por tipo de cultivo, así como dar cuenta del avance en la implementación del Estatuto de la APE y evaluar si se requieren ajustes a nivel legal”, plantean al respecto las científicas.

Asimismo, según las expertas, el diagnóstico requiere una evaluación del impacto regulatorio que implican sucesivas leyes que se han dictado en materia de acuicultura, como por ejemplo, la ley N° 21.183; la ley N° 21.410 que establece exigencias a los titulares de concesiones de acuicultura con el objeto de evitar o reducir el depósito de desechos orgánicos e inorgánicos; y la ley N° 21.532 que regula nuevas exigencias para evitar y mitigar los efectos del escape de salmónidos desde centros de cultivo.

“Estas tres leyes están en proceso de implementación y debería considerarse la experiencia levantada a la fecha para reorientarlas en caso necesario o traspasarlas conforme su texto original a la nueva ley, en caso contrario”, estipulan ambas investigadoras del Centro Incar.

Sobre los pilares de una nueva Ley

Para efectos de ordenar el proceso participativo, la Subpesca identificó ocho pilares que consisten en grandes contenidos/temáticas que se deberían abordar en la normativa: Acceso, Ordenamiento Territorial Acuícola, Ambiental (Enfoque Sostenible), Sanidad y Bienestar Animal; Investigación para la Toma de Decisiones; Fiscalización y Sanción, Cadenas Productivas y Comercialización; y Gobernanza.

En el nuevo documento del Centro Incar, las Dras. Jessica Fuentes y Doris Soto realizan varias propuestas en base a cada uno de estos pilares. Por ejemplo, en el pilar Cadenas productivas y comercialización, las académicas postulan que se ha omitido un pilar social importante; que se deberían generar mecanismos que generen prácticas competitivas a lo largo de las cadenas de comercialización de los distintos productos para fomentar la transparencia y la eficiencia; prever que el Indespa tenga líneas de financiamiento permanente, entre otros.

En cuanto a este pilar, las científicas postulan que se requiere de un sistema de seguimiento continuo, completo, riguroso, imparcial, y reconocido de los impactos socioeconómicos que generan las actividades productivas, que permita evaluar la evolución de las condiciones de vida de estos sectores, así como la planificación de medidas de mitigación de efectos adversos cuando sea requerido.

“Esto es especialmente importante cuando existen industrias que dinamizan territorios extensos, como es el caso de la industria del salmón, pero donde también existen otros casos de industrias basadas en recursos naturales en Chile. En estos casos no sólo se requiere información que se organice territorialmente y en forma homogénea a lo largo del país, como son los sistemas tradicionales de información del Estado, sino información que permita seguir las interrelaciones en el sistema económico, social y ambiental que se genera en torno a la industria. Esto permitirá evaluar en forma más específica y oportuna el desempeño industrial”, estipulan las expertas.

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