Cooke Chile emplaza a ONG para que transparente de dónde proviene su millonario financiamiento

Es imposible, manifestó la salmonicultora, “soportar el asedio, el abuso y la discrecionalidad de organismos estatales cuando están dirigidos por personas cuyo objetivo es evitar el desarrollo productivo".
El gerente general de Cooke Aquaculture Chile, Andrés Parodi, respondió a la carta en medios de Erwin Sandoval, presidente de la ONG ambientalista denominada “Corporación Privada para el Desarrollo de Aysén”, donde revela el que llama “prontuario” de la empresa ante la SMA.
Parodi indicó que “se autodefine en sus redes como 'activista socio-ambiental' y, en esa condición, se ha hecho parte para actuar en conjunto con la SMA en el procedimiento sancionatorio que se viene impulsando en contra de nuestra empresa”.
“La ONG que él preside reconoce en su propio sitio web que 'cuenta con financiamiento tanto nacional como internacional'. Sería deseable que se explicitara, tal como nosotros lo hicimos al indicar que nuestros accionistas son capitales canadienses, quiénes son sus financistas”.
“Afirma en su carta que operamos en un parque nacional y ello es completamente falso. La concesión fue otorgada con posterioridad a las normas de la Convención de Washington, ratificada por Chile en 1967; a la Ley de Pesca de 1992 que prohíbe concesiones en Parques Nacionales y a la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994. Si la concesión hubiese estado en un área protegida, ¿cómo la Contraloría podría haber tomado razón, como lo hizo, del decreto que la concedía?”.
Es imposible, manifestó Parodi, para una empresa “soportar el asedio, el abuso y la discrecionalidad de los organismos estatales cuando estos están dirigidos por personas cuyo objetivo es evitar el desarrollo productivo. ¿Cómo es posible que en los procedimientos sancionatorios la SMA actúe en tándem con ONG ambientalistas que reciben financiamiento internacional para destruir empresas, trabajo, aportes tributarios y oportunidades para localidades vulnerables?”.
“Cooke cuenta con todas las autorizaciones sectoriales para operar y nunca se ha acreditado la existencia de daño ni riesgo ambiental alguno. Por eso aceptamos la propuesta del Gobierno de suscribir un acuerdo con los ministros de Medio Ambiente y Economía y dos subsecretarios, que dice: 'Se coordinarán los distintos entes del Estado para respetar los derechos adquiridos y el desarrollo de la actividad dentro de la normativa vigente, mientras se realiza la relocalización de las concesiones'”.
“Al defendernos pagamos un alto costo, pero lo hacemos por nuestro país, por nuestros trabajadores y proveedores y por los inversionistas que confiaron en Chile”, afirmó Parodi.
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