“La salmonicultura está regulada hasta por 42 servicios y ninguno se coordina”

Foto: Salmonexpert.

El abogado David Zaviezo aborda los nudos regulatorios de la salmonicultura en el estreno de la tercera temporada de "Sin escamas", destacando los vacíos normativos y la necesidad de certezas jurídicas.

Este viernes 25 de abril se realizará el estreno de la tercera temporada del podcast "Sin escamas, producido por Salmonexpert". En este primer capítulo, el entrevistado será el abogado David Zaviezo Arriagada, especialista en Derecho Público y Regulatorio y socio fundador de Certes, para analizar en profundidad los desafíos normativos de la industria del salmón, inaugurando así una serie de 10 episodios que abordarán diversas temáticas específicas y contingentes del sector salmonicultor.

En un tono relajado, pero cargado de análisis profundo, Zaviezo abordó los principales nudos normativos del sector, reflexionando sobre el exceso de regulaciones y la falta de claridad en su aplicación. “Yo considero que está sumamente regulada la industria del salmón. Parte con la Ley General de Pesca y Acuicultura y después tienes una cadena de reglamentos, resoluciones, dictámenes, informes, y lo complejo es que están dictados por diferentes autoridades: marítima, ambiental, sanitaria, sectorial, y, por si fuera poco, tribunales y contraloría. Entonces sí, es muy regulada y además muy atomizada”.

Ligado a lo anterior, el profesional expresó que "la salmonicultura está regulada hasta por 42 servicios y ninguno se coordina”.

Uno de los temas centrales fue el retraso en la implementación del reglamento para los planes de recuperación e investigación del fondo marino, tras la modificación de la Ley General de Pesca. Según Zaviezo, esto ha dejado a las empresas en una especie de vacío legal. “La ley estableció que, si el fondo marino de una concesión tiene condiciones anaeróbicas, debe aplicarse un plan de recuperación. También se pueden presentar planes de investigación para innovar en técnicas. Pero el detalle de cómo hacerlo debía definirse en un reglamento. Ese reglamento no se ha dictado, y el plazo para hacerlo ya está ultra vencido. Entonces las empresas tuvieron que presentar sus planes como pudieron, con las herramientas disponibles. Y una vez más estamos frente a la falta de certeza jurídica. No se trata de que no quieran cumplir, sino que no saben cómo hacerlo”.

El profesional también abordó la evolución en la normativa sobre escapes, valorando que el enfoque actual ya no dependa exclusivamente del porcentaje recapturado. Sin embargo, criticó propuestas fallidas como el intento de chipear a todos los salmones.

“La modificación de la ley eliminó la antigua lógica del 10% de recaptura. Ahora se sanciona por número de peces escapados, y se consideran factores como si estaban bajo tratamiento antibiótico. Pero cuando se propuso instalar chips en los salmones, fue un despropósito. Estamos hablando de centros que tienen 800 mil peces. ¿Cuándo los marcas? ¿Cómo los retiras? ¿Y los daños mecánicos que eso provoca? Esa idea afortunadamente no prosperó. Es inviable desde todo punto de vista”, subrayó el experto.

En cuanto a la resolución exenta 1821 sobre certificación de estructuras, Zaviezo fue enfático en destacar sus aportes, aunque reconoció la necesidad de ajustes técnicos. “Desde su implementación han disminuido los escapes de peces, y eso algo dice. Pero como toda norma, es interpretable. La 1821 es muy detallada, regula memorias de cálculo, certificaciones anuales, verificaciones semestrales. El problema es que no todos los centros de cultivo son iguales, ni en ubicación ni en condiciones oceanográficas. Entonces hay aspectos que deben estandarizarse y otros que pueden quedar al criterio del certificador. Y eso, con voluntad, se puede mejorar. De hecho, estamos trabajando en una propuesta que recoja la experiencia técnica y jurídica, para presentarla a la autoridad”.

La conversación también se centró en el impacto de la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, especialmente en la responsabilidad penal de las empresas. Zaviezo explicó con claridad los nuevos riesgos. “La sanción más grave es la disolución de la persona jurídica. Es como la pena de muerte para una empresa. Pero la ley también entrega un salvavidas, que es el modelo de prevención de delitos. Las empresas deben tenerlo, y no basta con guardarlo en un cajón. Hay que capacitar a los trabajadores, tener un oficial de cumplimiento, una matriz de riesgos adaptada a la realidad de cada empresa. Y esto no es para asustarse. Es una oportunidad para ordenar la casa y protegerse”.

Respecto a los escenarios futuros, Zaviezo mostró un realismo crítico, pero también una visión propositiva. Consultado sobre los avances legislativos, fue enfático en señalar que “veo difícil que en este año electoral tengamos avances sustanciales en lo legal. Pero sí hay espacio para avanzar en lo reglamentario, como modificar la 1821, dictar el reglamento para los planes de recuperación, actualizar criterios de siembra. La clave está en generar certezas. Porque al finalmente estamos produciendo seres vivos en un bien nacional de uso público. Y eso requiere responsabilidad, sí, pero también reglas claras y aplicables para que esta industria pueda seguir creciendo en armonía con su entorno”.

La entrevista en extenso podrá ser escuchada y vista a través de nuestras plataformas de Spotify y Apple Podcasts y en nuestro canal de YouTube.